La jueza Kenya Romero dará a conocer el martes su decisión sobre la medida de coerción para los 20 acusados de corrupción en la Operación Calamar, un caso que ha conmocionado a la República Dominicana. El Ministerio Público ha presentado un expediente acusatorio de 2,120 páginas contra los acusados, que incluye cargos de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña, entre otros delitos.
El Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva para seis de los acusados, entre ellos exministros de Hacienda, Administrativo de la Presidencia y de Obras Públicas, así como el ex contralor general de la República y el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar. Para otros 14 acusados, el Ministerio Público ha solicitado arresto domiciliario, garantía económica e impedimento de salida del país.
El proceso judicial ha sido a puertas cerradas en el Palacio de Justicia, con la presencia de agentes de la Policía Nacional y del Ejército para prevenir la concurrencia de activistas que han estado protestando y alegando la inocencia de algunos de los acusados. El órgano persecutor sigue representado por la procuradora adjunta y directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, y el procurador adjunto y titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.
El caso ha generado una gran controversia en la sociedad dominicana, que espera con ansias el fallo de la jueza Romero. Si bien el caso ha sido un duro golpe para la imagen de la política dominicana, también ha sido visto como un indicador de la lucha contra la corrupción en el país. En este sentido, la sociedad civil ha hecho un llamado a que se haga justicia y que no haya impunidad en el caso.
El resultado de la medida de coerción es un paso importante en el proceso judicial, pero el caso está lejos de terminar. La sociedad dominicana seguirá atenta a los desarrollos del caso y a las medidas que se tomen para hacer frente a la corrupción en el país. Es esencial que se garantice el debido proceso y que se respeten los derechos de los acusados, pero también es importante que se asegure la transparencia y la integridad en el sistema judicial, para que la ciudadanía pueda confiar en la justicia y en la capacidad del país para combatir la corrupción.
