José Ramón Peralta, ex Ministro Administrativo de la Presidencia de la República Dominicana, ha manifestado su sorpresa por encontrarse detenido en el marco de la Operación Calamar, que investiga presuntos actos de corrupción en la construcción de obras públicas. En su opinión, no existen pruebas fehacientes que lo incriminen, tan solo la declaración de dos personas "mitómanos cobardes de dudosa reputación", lo que le lleva a pensar que se trata de una maniobra en su contra. De hecho, ha afirmado que está dispuesto a rendir cuentas ante la justicia, pero que luchará por restablecer su buen nombre y su honor. La jueza encargada del caso ha dictado prisión preventiva contra él y otro exministro y arresto domiciliario para otro, mientras que para los otros acusados se han impuesto diversas medidas cautelares.
En este sentido, es importante señalar que, según ha informado el Ministerio Público, al menos siete personas han ofrecido sus testimonios en este caso, con los que asegura contar con las pruebas necesarias para acusar a los imputados. Entre los testigos se encuentran Francisco Pagán, exdirector general de la Oficina de Ingenieros y Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Ramón Emilio Jiménez Collie, Bolívar Antonio Ventura, José Arturo Ureña, Frixo Medina Arvelo, José Melchor González Calderón y José Pablo Ortiz.
Por su parte, Peralta es acusado de coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, concusión, incompatibilidades con su calidad, soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, enriquecimiento ilícito y violación a los artículos 2.11, 3.1, 3.2, 3.3, 7 y 9.2 .4 de la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, así como de los artículos 59, 63, 64 y 78 de la ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos para el Financiamiento ilícito de campañas políticas. A pesar de estas acusaciones, Peralta ha insistido en su inocencia y ha pedido que se respeten sus derechos como ciudadano y como funcionario público.
En cualquier caso, lo cierto es que este caso ha puesto de manifiesto, una vez más, la necesidad de luchar contra la corrupción y la impunidad en la República Dominicana. Si bien es cierto que la Justicia ha avanzado en los últimos años en este ámbito, todavía queda mucho por hacer para garantizar que los ciudadanos puedan confiar en sus instituciones y en sus representantes políticos. En este sentido, es importante que se siga trabajando en la reforma de la justicia, la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas, así como en la prevención de la corrupción en todas sus formas y manifestaciones. Solo así podremos construir una sociedad más justa, solidaria y democrática, en la que todos tengamos las mismas oportunidades y derechos.
