18 meses de prisión preventiva para José Ramón Peralta y Donald Guerrero fueron dictados por la jueza de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, en el caso de corrupción administrativa conocido como Operación Calamar. Esta medida fue impuesta después de que la procuradora general adjunta y titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, afirmara que todas las solicitudes de los imputados fueron rechazadas por el tribunal de atención permanente.
En ese sentido, Reynoso explicó que el tribunal aceptó la complejidad del proceso y rechazó que la etapa de la investigación estuviera concluida, por lo que se solicitó la presentación del acto conclusivo por parte del Ministerio Público. Además, el tribunal desestimó todas las peticiones de puesta en libertad pura y simple bajo el argumento de que las pruebas presentadas por el Ministerio Público eran suficientes para justificar la medida de coerción en esta etapa.
En el caso de Gonzalo Castillo, se le impuso arresto domiciliario, garantía económica e impedimento de salida del país. La garantía económica a través de una compañía aseguradora que deberá pagar Castillo será de 20 millones de pesos. Mientras tanto, José Ramón Peralta y Donald Guerrero cumplirán la medida en la cárcel Najayo Hombres. La jueza Kenya Romero declaró el caso como complejo y rechazó todos los pedimentos de las barras de la defensa.
La Operación Calamar también involucra al diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Sergio (Gory) Moya, quien será investigado en las próximas horas por el Ministerio Público. Según la procuradora Reynoso, se solicitará un juez especial para conocer la investigación formalmente. En cuanto a la posibilidad de que haya más imputados en el caso, Reynoso afirmó que el Ministerio Público perseguirá a todos aquellos que hayan comprometido su responsabilidad penal.
Es importante destacar que el caso de Operación Calamar es un caso propio de la criminalidad organizada, por lo que la medida de prisión preventiva dictada por la jueza Romero se considera necesaria para garantizar el proceso de investigación y la posible presentación de pruebas en la etapa de juicio. El Ministerio Público, por su parte, ha afirmado que se tomarán todas las medidas necesarias para perseguir a los implicados en este caso y garantizar el estado de derecho.
