En el último mes se han incrementado los índices de violencia cometidos contra el pueblo de Afganistán. Fuentes informativas y periodistas locales han documentado numerosos incidentes de secuestros, torturas, violaciones y ejecuciones públicas en un país gobernado de nuevo por los talibanes.
En respuesta, los afganos de la diáspora están pidiendo a la comunidad internacional que aumente su apoyo, y solicitando que dé prioridad a la protección de sus familiares que aún viven en el país.
Nilofar Ayoubi es una periodista, activista y empresaria que pasó la mayor parte de su vida en Afganistán. Cuando los talibanes tomaron el control del país el año pasado, se vio obligada a evacuar. Ahora, como refugiada, sigue defendiendo a su pueblo, a pesar del trauma y el dolor que ha experimentado tras ser atacada por sus miembros y separada violentamente de sus seres queridos.
"Muchos refugiados se enfrentan a depresiones realmente profundas, incluida yo misma", dijo a Newsweek, "porque cada noche, cuando me voy a dormir, existe el temor de que mañana le pase algo malo a mi familia".
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo califica la situación de Afganistán de "catástrofe humanitaria" y calcula que hasta el 97% de la población, que ya es una de las más pobres del mundo, corre el riesgo de caer por debajo del umbral de la pobreza.
Desde que los talibanes asumieron el control total del gobierno en medio de la caótica retirada de Estados Unidos el pasado mes de agosto, han protagonizado numerosos actos de represalia violenta.
Además, ha aplicado una serie de políticas restrictivas que incluyen la prohibición de que las mujeres trabajen en las instituciones gubernamentales, la censura de los medios de comunicación independientes y la prohibición efectiva de que la gran mayoría de las niñas afganas vayan a la escuela, prohibición que ha durado casi 150 días (a partir del 1 de abril de 2022).
Estas políticas han llevado a una población vulnerable al borde de la desesperación, y han contribuido al aumento de prácticas de explotación como el trabajo infantil, la venta de órganos vitales y la concertación de matrimonios infantiles.
En enero, el principal portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, rechazó las conclusiones de un informe del grupo de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch sobre el empeoramiento de la crisis de los derechos humanos en Afganistán, calificándolo de información errónea, según las noticias de Voice of America.
Ayoubi ha sido testigo directo de la violencia.
Durante su evacuación, se vio obligada a dejar atrás a su madre, su hermano, su suegro y muchos primos. Según declaró a Newsweek, debido a su activismo, los talibanes han atacado directamente a sus familiares que aún viven en Afganistán.
"Como activistas estamos bajo la constante amenaza de los talibanes y nuestras familias se enfrentan a un futuro incierto", dijo. "Pero personalmente no puedo permanecer en silencio, y esto ha empeorado las cosas para mi familia".
Llamando desde Polonia, Ayoubi dijo a Newsweek que desde que salió de Afganistán, su hermano ha sido torturado y la casa de su madre saqueada por miembros de los talibanes. Dijo que a sus sobrinas y primas, junto con otros millones de niñas, se les ha prohibido asistir a la escuela.
Dijo que historias como éstas son "desgarradoras", pero que son cada vez más comunes.
"Esta guerra no sólo ha matado a la gente en el campo", dijo Ayoubi, "sino que también nos ha matado por dentro".
