Un grupo de exfuncionarios, incluyendo tres exministros de los gobiernos de Danilo Medina, fueron detenidos en la madrugada del domingo 19 de marzo de 2023 en una operación relacionada con una red mafiosa que estafó al Estado de la República Dominicana con más de 19,000 millones de pesos (RD$19.7 mil millones). La investigación comenzó a principios de 2021, cuando la Procuraduría General de la República inició los interrogatorios al exministro de Hacienda Donald Guerrero por cuestiones de corrupción.
La investigación contra Guerrero se centra en su supuesta participación en una red que estafó al Estado mediante la cesión de crédito para reclamar supuestas deudas públicas por expropiación de terrenos. La red, que habría operado durante su gestión como ministro de Hacienda en el gobierno de Danilo Medina, incluía varios exfuncionarios y empresarios.
Además de Guerrero, los investigados incluyen a Emilio César Rivas Rodríguez, exdirector de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, exdirector nacional de Catastro; Luis Miguel Piccirillo Mccabe y Domingo Enrique Martínez Reyes, del Consejo Estatal del Azúcar; Simón Lizardo Mézquita, exadministrador del BanReservas; Luis Baldemiro Reyes Santos, exdirector de Presupuesto; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, excontralor general de la República y Princesa Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros exfuncionarios y subordinados.
El Pepca, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, acusa a los imputados en la Operación Calamar de "asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros". Según la Pepca, bajo las instrucciones de Guerrero se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario público la cantidad de RD$19,653,871,513.80, de los cuales "hemos identificado que lograron sustraer RD$17,300,642,051.07 por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas".
