El director de Titulación Mérido Torres de Jesús Espinal mencionado en el expediente de la Operación Calamar por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) se defiende de acusaciones de recibir dinero en agosto de 2022. El funcionario explica que esos fondos fueron por honorarios profesionales que le hicieron unos clientes por un proceso que llevó su oficina privada de abogados. El caso se refiere a un presunto fraude en las cesiones de créditos existente en cada uno de los procesos de pago por concepto de expropiación de los terrenos de la parcela núm. 613 del Distrito Catastral 32. La Pepca indica que las cesiones de crédito no responden a la existencia de ninguna deuda cierta, líquida y exigible, sino como medio de chantaje o condición sine qua non para que efectivamente les pagaran. El caso ha resultado en la detención de 20 personas, entre ellas exfuncionarios del pasado gobierno.
En el expediente de la Operación Calamar, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ha señalado al director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), Mérido Torres de Jesús Espinal, por su presunta implicación en un caso de corrupción. Según la narración de los hechos presentada por la Pepca, Mérido Torres habría recibido una cantidad de dinero relacionada con un proceso de expropiación de terrenos, aunque el funcionario ha asegurado que se trataba de honorarios por servicios como abogado.
El expediente también menciona a Ángel Lockward Mella como el artífice jurídico de las fraudulentas cesiones de crédito que se habrían utilizado para el chantaje y la extorsión en el proceso de pago por la expropiación de terrenos de la parcela núm. 613 del Distrito Catastral 32, hoy municipio de Boca Chica. Los testimonios de Jesús Eligio Reyes, Evelyn Feliz Castro y Daniela Castro Reyes indican que las cesiones de crédito no respondían a ninguna deuda cierta, líquida y exigible, sino que se utilizaban como medio de chantaje o condición sine qua non para que se efectivamente se les pagara.
La oficina de Ángel Lockward Mella, razón social Ángel Lockward & Asociados, S.R.L., se identifica como el lugar en donde se hicieron y firmaron las fraudulentas cesiones de crédito. Esto explica el dominio que tenía el imputado sobre cómo debía distribuirse el dinero, en la forma y manera que le informó por escrito al fenecido Emilio César Rivas Rodríguez a través de la Licda. Belkis Tejeda Ramírez, en su calidad de consultora jurídica de la Dirección General de Bienes Nacionales.
Este caso es uno de los muchos que han salido a la luz en los últimos años en República Dominicana, donde la corrupción y el fraude en los procesos de expropiación de terrenos y otros bienes públicos han sido una preocupación constante para la sociedad y las autoridades. La Pepca y otras agencias han trabajado para desmantelar estas redes de corrupción y llevar a los responsables ante la justicia.
